Vol. 27 - Num. 105
Colaboraciones especiales
aPediatra. CS Zona 5-B. Albacete. España. Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS). Grupo de Trabajo de Pediatría Social y Comunitaria de la AEPap.
Correspondencia: R Páez. Correo electrónico: raqpaezgon@gmail.com
Cómo citar este artículo: Páez González R. El impacto de la pobreza infantil: un desafío pediátrico . Rev Pediatr Aten Primaria. 2025;27:[en prensa].
Publicado en Internet: 06-03-2025 - Número de visitas: 880
Resumen
La pobreza infantil es una de las mayores amenazas a los derechos de la infancia y un determinante crítico de salud, con efectos duraderos debido a la vulnerabilidad de los menores de edad, que dependen del cuidado adulto. Más allá de la falta de recursos básicos, impacta negativamente en el desarrollo físico, emocional y educativo, perpetuando la desigualdad social. La ONU promueve una medición multidimensional que integra salud, educación, vivienda y participación social. En España, su costo fue del 4,1% del PIB en 2023, con un 30,3% de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente en hogares monoparentales y familias numerosas. Los pediatras deben incorporar la evaluación psicosocial en su práctica diaria y fomentar la colaboración multidisciplinar, lo que debe reflejarse en los programas de especialistas en formación. Invertir en infancia no solo es una responsabilidad ética, sino una estrategia crucial para el desarrollo sostenible y equitativo de un país.
Palabras clave
● Colaboración multidisciplinar ● Determinante social de salud ● Pobreza infantil“La pobreza es la peor forma de violencia”
Mahatma Gandi
La pobreza infantil, definida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la privación extrema de necesidades básicas como alimentación, agua, salud y educación, representa una de las mayores amenazas a los derechos humanos y un determinante1 crítico de salud con efectos muy negativos en los niños, niñas y adolescentes (NNA). Además de limitar el acceso a recursos esenciales, afecta profundamente a su bienestar y desarrollo, perpetuando desigualdades que limitan las oportunidades educativas y laborales y reducen su participación cívica. Estas condiciones contribuyen a la indefensión aprendida2 que generan altos niveles de desesperanza, agravando el ciclo de pobreza y exclusión.
En el ámbito de la salud3, la pobreza restringe el acceso a servicios médicos adecuados, aumentando el riesgo de malnutrición y enfermedades prevenibles, que repercute en el desarrollo físico y cognitivo. Además, las tensiones económicas en el hogar generan estrés, inseguridad y estados de hiperalerta, deteriorando el bienestar emocional y exponiendo a ambientes violentos. Este contexto incrementa el riesgo de desarrollar trastornos mentales y sociales, mientras que las condiciones de vida precarias agravan la salud física4. A nivel educativo, la pobreza se traduce en desigualdad de oportunidades, baja participación en programas de educación infantil de calidad, altas tasas de repetición de curso, abandono educativo temprano, falta de acceso a formación profesional y segregación escolar, afectando desproporcionadamente a estudiantes en situación de vulnerabilidad social y económica.
La pobreza infantil es una de las principales experiencias adversas de la infancia, concepto descrito por Felitti5, y se caracteriza por la exposición prolongada a graves estresores. El cerebro, que regula la respuesta al estrés, experimenta una plasticidad estructural y funcional que puede alterarse bajo la exposición crónica a adversidades, afectando la toma de decisiones, la regulación emocional y la cognición. Este estrés crónico, especialmente en los primeros años de vida y la adolescencia, periodos críticos del neurodesarrollo, puede dañar los circuitos neuronales responsables de funciones ejecutivas y alterar la fisiología sistémica.
El impacto también se refleja a nivel macroeconómico, afectando el desarrollo social, cultural y económico de un país. Las personas que crecen en pobreza tienen menos probabilidades de acceder a empleos bien remunerados. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)6, el coste de la pobreza infantil en España representó el 4,1% del producto interior bruto (PIB) en 2023, por encima del promedio europeo, con estimaciones que podrían superar el 5%. En la Unión Europea, uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza; en España, uno de cada tres.
Es fundamental recordar que los estados tienen la obligación, según el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de apoyar a las familias en la crianza de sus hijos, proporcionando recursos a las familias en riesgo. El artículo 19 también establece la protección de los niños contra toda forma de violencia, una obligación que no siempre se cumple adecuadamente debido a la falta de legislación, recursos para detectar y prevenir la violencia, o la desconsideración del interés superior del menor.
Las causas son complejas y multifactoriales, y varían según el contexto económico, social y político de cada país. No obstante, existen varios factores comunes que suelen estar asociados y observarse independiente a las distintas realidades: falta de acceso a recursos económicos, desempleo y subempleo, baja formación educativa de los padres, enfermedades crónicas o diversidad funcional7 en los menores de edad, brecha de género8, minorías raciales, poblaciones marginales, acceso limitado a los servicios de salud y educación de calidad especialmente en zonas rurales, familias monoparentales o numerosas, áreas afectadas por desastres naturales9 o elevada contaminación, entre otros. Estos factores se interrelacionan de manera heterogénea y contribuyen a la persistencia de la pobreza infantil afectando profundamente las trayectorias vitales de los menores de edad.
La pobreza infantil se caracteriza por una mayor vulnerabilidad debido a su dependencia en bienestar físico, psicológico y social del cuidado adulto, especialmente familiar, para satisfacer sus necesidades materiales y emocionales, por lo que ese contexto hostil y de indefensión puede generar consecuencias inmediatas y a largo plazo:
La medición17 de la pobreza es un desafío constante debido a la falta de consenso sobre cómo cuantificarla y, en concreto, la pobreza infantil ha emergido como una de las principales preocupaciones globales para abordarla y combatirla.
Desde 1997, la ONU ha promovido un enfoque multidimensional17 que trasciende el cálculo basado en ingresos y que facilita una evaluación más integral de las condiciones de vida, reconociendo la pobreza no solo como una cuestión económica, sino como una carencia material y social que afecta a todas las áreas del bienestar. Esto ha permitido una visión más global, destacando la complejidad y el impacto en diferentes grupos sociales, en particular en NNA de grupos vulnerables.
Existen diferentes metodologías para medirla. Unas incluyen encuestas y estudios de casos que proporcionan datos sobre las condiciones de vida de los menores de edad, así como análisis cualitativos, mediante entrevistas y grupos focales, que permiten profundizar en las experiencias de las unidades familiares. Otras, como los índices relativos y absolutos, que se enfocan en desigualdades de ingresos, y privaciones materiales graves, respectivamente, presentan también limitaciones.
La evaluación de la pobreza desde una perspectiva multidimensional17 se postula como la clave para diseñar políticas públicas efectivas, monitorear intervenciones y sensibilizar sobre la pobreza infantil. Los índices de pobreza multidimensional (IPM) consideran varios factores esenciales:
Un avance clave ha sido la introducción del indicador AROPE6 (At Risk of Poverty and/or Exclusion), desarrollado por la Unión Europea, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social a través de tres subindicadores: riesgo de pobreza, carencia material severa y baja intensidad laboral en los hogares. Este indicador, basado en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE)19, se centra especialmente en la infancia, particularmente en los grupos de 0 a 3 y de 4 a 6 años:
El indicador AROPE expresa el porcentaje de personas de una población determinada que reúne, al menos, uno de los subindicadores mencionados; no es, por tanto, lo mismo que la tasa de pobreza, pues incluye a estos, pero no solo a los que sufren pobreza.
Según los datos más recientes del INE, actualizados en febrero de 20256, la pobreza infantil ha aumentado y se sitúa en el 29,2% ─más de 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes─, mientras que a nivel general desciende en medio punto porcentual hasta alcanzar el 19,7%. La brecha entre la población general e infantil se ha ampliado, pasando en los últimos 5 años de 6 puntos porcentuales a casi 10. La pobreza infantil severa se incrementa y pasa del 13,7% al 14,1%. Esto supone que más de un millón de niñas y niños sufren esta situación. La carencia material y social severa se redujo hasta el 8,3% desde el 9,0% del año anterior. El ingreso medio por persona fue de 14 807 euros con un incremento del 5,1%. Además, el 9,1% de la población tuvo “muchas dificultades” económicas para llegar a fin de mes, similar al 9,3% de 2023.
El Informe AROPE 2024 revela que el 34,7% de los menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a casi tres millones de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Además, el 50,9% de los hogares con menores tiene dificultades económicas, el 23,6% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada y el 20,6% presenta retrasos en el pago de alquiler o hipoteca. Entre los menores de edad, el 12,3% no puede consumir carne regularmente, el 22,8% no tiene ordenador y el 5,3% carece de acceso a Internet. Las desigualdades son especialmente pronunciadas en hogares monoparentales y familias numerosas, donde más del 50% de los miembros vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
La pobreza infantil en España es una problemática estructural que persiste con tasas superiores a las generales y una evolución que se aleja de los objetivos de la Agenda 2030. Las desigualdades económicas son particularmente marcadas en hogares monoparentales y familias numerosas, donde los riesgos de pobreza y exclusión social alcanzan niveles alarmantes. La pandemia de COVID-1920 agravó esta situación, evidenciando la vulnerabilidad de estos hogares y las carencias profundas del sistema de apoyo social, sanitario y económico.
Este panorama exige la implementación de políticas públicas que aborden los determinantes sociales y socioeconómicos que generan inequidad y desprotección en la infancia. Los pediatras y otros profesionales deben colaborar para reducir la inequidad en salud infantil, integrando una visión contextual que considere factores locales, familiares y sociales. La evaluación psicosocial del menor debe abarcar el hogar, el trabajo de los padres, la escuela y el entorno social, evitando culpar a la víctima. La colaboración multidisciplinar21,22 y el conocimiento y uso de los recursos comunitarios son clave para diseñar intervenciones efectivas.
Las asociaciones pediátricas deben promocionar que sus miembros estén informados y formados del impacto de las desigualdades en el bienestar de los NNA a lo largo de su vida e impulsar su inclusión en los planes de estudio de los profesionales en formación.
Es prioritario invertir en acciones preventivas enfocadas en los entornos de socialización y en la construcción de planes de ayuda individualizados basados en factores de riesgo y protección. Los objetivos de estas intervenciones deben ser consensuados y realistas, con metas a corto y medio plazo.
El diagnóstico de las necesidades de la infancia y la adolescencia debe realizarse en un contexto territorial específico, con un enfoque de corresponsabilidad entre todos los actores involucrados. Este modelo de trabajo en red no solo coordina servicios esenciales como salud, educación y trabajo social, sino que también integra entidades y activos comunitarios como fundaciones y asociaciones. Este enfoque integral y comunitario posiciona el trabajo en red21,22 como una metodología clave para la promoción, atención, intervención y protección de la infancia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.
Invertir en la infancia no solo es una responsabilidad ética, sino también una estrategia imprescindible para garantizar la sostenibilidad social, económica y cultural de las futuras generaciones.
La autora declara no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.
AROPE: riesgo de pobreza y/o exclusión social (del inglés, At Risk of Poverty and/or Exclusion) · CDN: Convención sobre los Derechos del Niño · INE: Instituto Nacional de Estadística · NNA: niños, niñas y adolescentes · OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos · ONU: Organización de las Naciones Unidas · PIB: producto interior bruto.
Comentarios
Este artículo aún no tiene comentarios.